El final del verano marca el inicio de un nuevo curso político que aboca al Gobierno a ponerse las pilas para cumplir con Bruselas. La dilatación de los plazos del Plan de Recuperación pone a España en una difícil tesitura, no solo por sacar adelante una intrincada reforma fiscal, sino por cumplir con un calendario que acumula meses de retraso.
El Gobierno de Sánchez deberá apurar los tiempos para pedir, antes de cierre de año, el quinto y sexto pago de fondos Next Generation que habían sido agendados para este 2024. Fondos por un valor de más de 11.600 millones de euros. Lo que hay en juego son 7.200 millones del quinto tramo y 4.000 millones del sexto en transferencias a fondo perdido de los Next Generation, a lo que se suman otros 14.400 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas respecto a las que ofrece el mercado.
Es cierto que cada país tiene la libertad de escoger si pide o no los préstamos asociados a su Plan de Recuperación pero España hizo hincapié, desde el primer momento, en su voluntad de aspirar a la financiación completa a su disposición en el plan de salida de la pandemia. Para este año, estaba previsto que España solicitara, por tanto, más de 25.000 millones de euros. Los 7.600 del quinto pago en el primer semestre del año y la cuantía restante en la última mitad del año.
Aunque la Comisión Europea tiende a ser flexible con los plazos, fija sus límites en que se soliciten los pagos prometidos en el año acordado. Ahora España se le acumulan los deberes. Tiene cuatro meses para cumplir con el calendario que se había marcado y completar los casi 120 hitos y objetivos asociados a esta financiación. Un empeño en el que hay que considerar que la compleja aritmética parlamentaria dificulta llegar a acuerdos entre partidos políticos y cumplir los compromisos con Bruselas.
A la agenda cabe añadir que la reforma fiscal, incluida en el quinto desembolso de fondos, tiene todos los visos de dar más de un quebradero de cabeza al Gobierno. Si el ministerio de Hacienda daba por zanjada la reforma con la subida de impuestos, la Comisión Europea quiso dejar claro a España que todavía le quedaba trabajo por hacer. Y no menos importante es que ya le instó a abordar “los retrasos emergentes” en el Plan de Recuperación.
Fueron dos de sus mensajes de su paquete de primavera, hecho público el pasado junio. El Ejecutivo comunitario apremiaba a España a finalizar la reforma fiscal. Le sugería, de paso, ciertas ideas para avanzar en su ambición tal como la subida del IVA y le recordaba que tiene margen para considerar nuevos impuestos medioambientales. “La reforma fiscal debe ser parte de la estrategia de consolidación presupuestaria de España”, afirmaba la Comisión Europea en su análisis.
Pero España no ve las cosas de la misma forma. Al paso de este mensaje salía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que, como réplica al tirón de orejas de Bruselas, afirmaba: “creemos que ya hemos tomado todas las decisiones necesarias para, precisamente, cumplir con las obligaciones que supone ese hito del quinto pago”. Habrá que ver si, finalmente, el Ejecutivo comunitario lo confirma.
Cabe considerar que los tiras y aflojas de tales negociaciones podrían dilatar de nuevo el calendario. La demora que acumula España tiene mucho que ver con lo sucedido con el cuarto pago. Las tiranteces de la reforma de las pensiones dejaron la solicitud del cuarto tramo de fondos para cierre de año, de nuevo, al filo de incumplir la agenda. El Gobierno pidió los 10.000 millones asociados a este desembolso a pocos días de finalizar el 2023.
En el arranque del 2024, la no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio por desempleo ponía patas arriba todas las previsiones de realizar el pago en un corto plazo de tiempo. A la prórroga y, posterior, modificación del plan, le siguió cierta flexibilidad de Bruselas en un intento por no interferir en las elecciones europeas. La evaluación del cuarto tramo llegó finalmente en junio, con una difícil reforma del subsidio de paro aprobada y un ligero recorte en la cuantía del pago que se alejaba del impacto que habría tenido no cumplir el hito caído a principios de año.
Tras las complicaciones del cuatro pago subyace la realidad de una aritmética parlamentaria que lo que deja es delicado escenario de pactos. El apretado calendario de sesiones en el Congreso de los Diputados que proyecta el Gobierno para los últimos cuatro meses del año tiene como protagonistas la jornada laboral, la ley del Suelo, la financiación autonómica, la reforma fiscal o el paquete de medidas de Vivienda.
Lo que compromete la ejecución o no del calendario y, por ende del plan de Recuperación, es el devenir de la economía española. Los fondos Next Generation constituían un hito en sí mismo por tratarse de la primera emisión de deuda conjunta de la UE y si los veintisiete países fueron capaces de ponerse de acuerdo para ello fue porque el golpe económico del COVID sería mayúsculo.
El ministerio de Economía estima que el plan de Recuperación supondrá un crecimiento del 3,1% del PIB español en 2026. Un impacto que dibujará una curva ascendente hasta el 4% de 2031. A la cuenta atrás hay que sumar otro horizonte, el de 2026, cuando está previsto que se ponga fin al plan de Recuperación. Sin prórrogas posibles, como viene afirmando el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Todo pese a las dificultades de los países para absorber en tan poco tiempo tanta financiación.