El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena (Morena), está preparando algunos cambios para su toma de posesión el 1 de octubre. Según fuentes cercanas, se espera que sus amigos de Morena en el Congreso local aprueben modificaciones a la ley para que la ceremonia no se realice en el recinto legislativo, como es tradicional, sino en las puertas del Palacio de Gobierno en el centro de Mérida. Además, se planea que la ceremonia tenga lugar un día antes, el 30 de septiembre, para que pueda asistir a la toma de protesta de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Esta decisión ha generado cierta controversia, ya que algunos consideran que se trata de un cambio innecesario.
En Baja California Sur, el director de la Administración Portuaria Integral estatal, Narciso Agúndez Gómez (PT), ha sido objeto de críticas por parte de activistas. Se ha denunciado que en el balneario público El Coromuel, en La Paz, se están realizando trabajos en un cerro tradicional sin los permisos correspondientes, lo que ha generado preocupación sobre una posible concesión en el área. A pesar de las denuncias presentadas ante Profepa, las obras continúan y las explicaciones ofrecidas por Narciso Agúndez no han logrado disipar las dudas. Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural de la región.
En Sinaloa, el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain (Morena), enfrenta críticas por los abusos cometidos por los policías municipales. Recientemente, se reportó un incidente en el que los agentes intentaron detener al extitular de Seguridad Pública municipal, Juan Ramón Alfaro, bajo el pretexto de que su vehículo tenía vidrios polarizados. A pesar de las denuncias y quejas presentadas, el alcalde ha evitado abordar directamente el comportamiento de los agentes, lo que ha generado malestar entre la población. Esta situación pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de seguridad pública.
En conclusión, los casos mencionados en Yucatán, Baja California Sur y Sinaloa reflejan la importancia de la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos en el ejercicio del poder público. Es fundamental que las autoridades actúen con responsabilidad y ética en beneficio de la sociedad.